Me parece que el artículo en liberalismo.org acierta en mucho de lo que dice, pero añadiría los siguientes puntos:
1. Debates sobre derechos y deberes demasiadas veces omiten los "deberías". Aunque soy putero, he opinado desde hace mucho tiempo que ser putero es algo que, aunque tengo derecho a serlo con cualquier persona que acepte mi dinero a cambio de sexo, no debería hacer. Yo lo hago sobre todo por motivos de timidez y la mayor facilidad que ofrece la prostitución. Dicho todo eso, no creo que sea tarea de los poderes públicos aconsejar a los ciudadanos en cuanto a cuestions morales. Los poderes públicos, en cuanto representantes (imperfectos y muy matizados) de la voluntad pública se deberían limitar a prohibir lo inaceptable. Siguiendo el espíritu del artículo, esto, en mi opinión, se trata de lo que afecta negativamente a los demás.
2. Otra cuestión que ignora el artículo es que la "libertad" de la que disfrutan las prostitutas suele ser más matizada y limitada que la que insinua el artículo. Creo que hay pocas mujeres que se dediquen a la prostitución "porque quiero, estoy en mi derecho, sin más". Las obligaciones de tener niños, de estar paradas, de tener deudas, de tener que pagar los estudios, de llever ya varios años como prostitutas y no tener experiencia laboral citable y reciente y por tanto no poder encontrar trabajo oficial, etc, influirán mucho en una libertad más complicada. El espíritu individualista y sarcástica del artículo resulta casi estadounidense.
3. Pero, estando de acuerdo con el argumento fundamental del artículo, de que debería existir el derecho a prostituirse y el de ofrecer dinero a cambio de sexo, hay que citar el artículo 9, apartado 2 de la Constitución Española vigente, lo que, en mi opinión, establecida la legitmidad tanto del putero como de la prostituta de hacer que exista la prostitución, implica que la prostitución debería ser una profesión como cualquier otra, debidamente regulada y fiscalizada y con todos los derechos y protecciones:
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
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