Una ley abolicionista que plantea reformas del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley General de Publicidad. La coalición que lidera Alberto Garzón quiere poner el foco en el cliente prostituidor, al que propone castigar con multas de entre 600 y 30.000 euros catalogando el consumo de sexo de pago como infracción grave en la ley de Seguridad Ciudadana. Según explica la diputada de IU, Isabel Salud, "es necesario trasladar ese reproche legal al cliente, al que se va de putas, eliminando cualquier tipo de responsabilidad administrativa y/o penal que recaiga sobre las mujeres en situación de vulnerabilidad".
Además, la iniciativa prevé modificar la ley de Publicidad para evitar aquellos anuncios de prostitución y contactos en medios de comunicación que supongan una mercantilización de la mujer. El texto incluye también "aquellos anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando su cuerpo o partes del mismo como mero objeto, bien como reclamo para la prostitución o como objetos sexuales, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del ordenamiento jurídico". La iniciativa habilita a ejercer acciones contra esta publicidad ilícita a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los Institutos de la Mujer estatal y autonómicos, los Observatorios por la Igualdad, la Fiscalía y las asociaciones de mujeres.
Izquierda Unida, que ha trabajado la elaboración de este texto con varios colectivos feministas, incorpora también un endurecimiento de las penas de cárcel para los proxenetas, castigando hasta con cinco años de reclusión la inducción a la prostitución con violencia, intimidación o engaño. Eleva también las penas a quien se lucre de la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, cuando ésta se encuentre en situación de vulnerabilidad personal o económica.
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